El mundo avanza, y Uruguay se queda haciendo “dribling” a mitad de cancha… como siempre!

Mientras vemos como en el resto del mundo los gobiernos fueron dando pasos, al comienzo pequeños y ahora confiados, hacia herramientas que no  solamente manipularan formatos de documentos libres y abiertos sino que fueran su formato nativo, nuestro país sigue jugando a la “topa” con tímidos(casi miedosos) comentarios y/o sugerencias sobre la importancia de garantizar el libre acceso a la información por parte de sus ciudadanos.

Claro está que el gobierno puede ampararse que siendo este un país pequeño, con “otras prioridades” y dado que no  soy el gobierno no se me ocurren otras… la realidad es que ya han pasado 7(siete) años desde la creación de una agencia especializada(AGESIC) y hasta ahora, como es típico en nuestro país nada hay en concreto.

Los entes oficiales siguen desarrollando aplicaciones que solamente corren bajo un determinado sistema operativo, o planillas electrónicas que obligan a sus consumidores a instalar el paquete de oficina de una determinada empresa, que tiene un costo sensiblemente alto y limita a quienes pueden pagar o lo instalan sin su debida licencia(medida tomada por la mayoría de las personas/empresas/organismos oficiales). Ante esta realidad, ¿cuál es la reacción de dicha empresa? Ninguna, forma parte(si no es la más importante) de su estrategia de marketing.

Pero la dicotomía más grande se da en los portales web de los entes y oficinas públicas, dónde en más de un caso no es posible acceder a determinas secciones o utilizar algunos servicios a no ser desde el Internet Explorer de Microsoft y que solo corre sobre el sistema operativo de la misma empresa. UTE es uno de esos casos, es imposible imprimir las facturas desde otros sistemas opertativos. Otros portales en lugar de publicar la información como páginas web(HTML) la ofrecen como enlaces para descarga en formatos XLSX(Excel con formato OOXML que tanta polémica suscitó años atrás), ni siquiera la ofrecen en formato PDF. En fin,  la lista es enorme, pero esto va contra su propia política “pro-integración” que comenzó con la distribución de las OLPC.

Algunos años atrás, el gobierno comenzó a regalar portátiles a los niños cursando  primaria(a través del plan Ceibal), cosa que es imposible de estar en desacuerdo, creo que eso representa un serio avance hacia la inclusión digital de los niños con menores recursos y más allá de la parte “digital” permitió a muchas familias acceder a un universo de información que hasta entonces solo estaba limitado a algún diario o noticiero televisivo. Hace unos años, extendieron el plan a estudiantes de secundaria, beneficiando así a miles de adolescentes. Desde mi punto de vista(muy personal claro, pero no por eso tan errado) la famosa brecha no se cerró, sino que se “mudó”, o más bien se evidenció aún más en el sector más adulto encargado de la educación(los maestros).

Esto no creo que sea algo imprevisible, la capacidad de absorción de un niño o adolescente y un adulto son diferentes, el adulto tiene más dificultades, no porque sí existe el antiguo refrán “perro viejo no aprende trucos nuevos”. La velocidad de asimilación de las herramientas por parte de los jóvenes ha superado a la capacidad de los docentes(y del cuerpo institucional ANEP/CODICEN o como se llame) de reaccionar a cambios tan drásticos en el comportamiento de los estudiantes sobre-estimulados.

Esto no es culpa solamente del actual gobierno, pues el parlamento está compuesto por representantes de todos los partidos políticos y han existido desde hace varios periodos proyectos de ley de diversos tenores y que han ido a parar a “saco roto”. Lamentablemente existe un gran desinterés por el tema, pues este es un país que no mira más allá de las próximas elecciones y por consiguiente, al ser este es un tema que no suma votos, para los legisladores no es un tema primordial y mucho menos interesante.

Esto hace que al intentar hacer comprender al Estado la importancia de que la información generada por todos los organismos oficiales sea almacenada en formatos libres y abiertos caiga en una tímida expresión de voluntad y un cajón perdido por algún lugar oscuro del parlamento. Mientras vemos como España ha migrado primero a formatos abiertos(hace ya varios años) y eso los  ha llevado al uso de herramientas libres en el Estado. Eso ha provocado la reacción de las universidades, generando materias, cursos y post-grados relacionados al software libre. Comunidades como Extremadura ha aprovechado esto formando un pujante polo tecnológico y educativo apoyado en software libre.

Ahora Francia lanza una fuerte ofensiva optando por el paquete LibreOffice en el ámbito gubernamental, con todo lo que esto implica. Lo mismo en otros países europeos. Entonces cabe la pregunta, por qué gobiernos hacen estos saltos? La respuesta no pasa por el lado económico, pues una migración a gran escala conlleva un costo económico alto, involucrando capacitación y asistencia profesional. Tampoco va por el lado del capricho político o presión corporativa, pues las herramientas libres no suelen tener el efecto lobby. Así que el único argumento que queda, y que para quienes trabajamos con software libre es el más importante y el único justificable y ampliamente defendible desde el punto de vista institucional es la soberanía tecnológica y el total control sobre la información almacenada.

Este es el punto más importante que debe tenerse en cuenta desde el Estado, ya que los formatos privativos son creados, mantenidos por empresas que por más fuertes que sean al día de hoy, nada garantiza que en el futuro existan y/o consideren oportuno mantener aplicaciones que lean/editen formatos antiguos, simplemente por una cuestión de números.

La UdelaR también lanzó una “sugerencia” de utilizar software libre, pero en eso va, una sugerencia, el Poder Judicial comenzó un proceso de migración voluntaria, pero no existe una política de estado sobre este tema. Los estudiantes de las carreras relacionadas al desarrollo de software no incluyen materias que profundicen sobre el licenciamiento de software, libre o privativo, todo software debe ser licenciado antes de distribuir y un profesional DEBE conocer las diferentes opciones.

Por eso es que digo que nuestro país vive en ese eterno manoseo del tema pero sin animarse a tomar decisiones que afecten realmente, y a largo plazo el futuro manejo de la información generada por el Estado.

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